El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado recientemente por el Gobierno concede un protagonismo muy especial a una componente de la transición energética que hasta hace poco se consideraba secundaria en nuestro país: el autoconsumo. De hecho, la Estrategia Nacional de Autoconsumo se incluye como una de las cuatro reformas clave en el capítulo de despliegue e integración de energías renovables.

El Ministerio de Transición Ecológica ya había anunciado en enero un plan de ayudas al autoconsumo de 200 millones de euros (ampliables a 400) que será administrado por las comunidades autónomas, para la promoción de autoconsumo eléctrico en los sectores industrial y de los servicios, así como en las instalaciones públicas de ámbito autonómico y local.

Todo ello se une a las reformas regulatorias de los últimos años, que eliminaron el denominado 'impuesto al sol' y han facilitado la venta de excedentes a la red y el autoconsumo compartido. Se espera además que el detalle normativo de la regulación de las comunidades energéticas facilite aún más el despliegue en los sectores industrial y de servicios.

Impulso al autoconsumo

Este nuevo impulso al autoconsumo representa una oportunidad muy importante para numerosas empresas en nuestro país, que soportan uno de los precios de la electricidad más elevados de la Unión Europea (UE) (el octavo más caro para consumos entre 500 y 2.000 MWh al año según los datos más recientes de Eurostat).

Al mismo tiempo, España posee uno de los mayores recursos solares de la UE en un momento en el que la evolución tecnológica ha reducido enormemente el coste medio de la energía fotovoltaica, situándola claramente por debajo del precio mayorista de la electricidad, incluso para instalaciones de pequeña escala. Si añadimos a esto el ahorro en los recargos regulados variables sobre este precio mayorista, el potencial de ahorro que el autoconsumo representa para las empresas puede alcanzar en muchos casos el 20% de la factura.

A esta ventaja económica se unen además otros beneficios indirectos: transmitir el compromiso de responsabilidad medioambiental de la compañía (mucho más tangible que la mera compra de energía certificada como 'verde'), atraer inversión y empleo al entorno local en el que se desenvuelve la empresa y abrir interesantes opciones tecnológicas a futuro como el almacenamiento, la producción de hidrógeno a nivel local o el desarrollo de comunidades energéticas locales y microrredes.

Por todo ello, el potencial de desarrollo del autoconsumo en el entorno industrial y comercial en España es enorme. Nuestro país solo tenía instalado a finales de 2019 alrededor de 1.000 megavatios de autoconsumo frente a los 17.000 de Italia o los 35.000 de Alemania, pero su crecimiento se está disparando.

Solo en 2020 se instalaron casi 600 megavatios a pesar de la situación de pandemia, lo que significa que la potencia instalada se ha venido duplicando cada año desde 2014. Las principales compañías eléctricas ya han integrado el autoconsumo dentro de su oferta comercial a las empresas, aunque canibalice su negocio tradicional, y están surgiendo nuevos proveedores especialistas que contribuyen a la dinamización del sector.

El lastre de la financiación

Sin embargo, aún queda un elemento clave que está lastrando el desarrollo del autoconsumo en el segmento comercial e industrial: la financiación de la inversión inicial, que representa la mayor parte del coste de esta tecnología.

Las empresas son reacias a dedicar sus fondos propios a activos de producción de electricidad que no forman parte de su negocio principal, las compañías eléctricas tradicionales tienen la alternativa de dedicar sus fondos a grandes plantas conectadas a la red y los nuevos entrantes carecen a menudo de suficiente balance para financiar la instalación de sus clientes a 10 o 15 años vista.