El Ministerio de Movilidad lanza una campaña para recordar que los desplazamientos colectivos son seguros y ayudan a luchar contra la contaminación
En las áreas urbanas y metropolitanas, las redes del transporte público facilitan 4.000 millones de desplazamientos al año en España. Movimientos que conducen hasta áreas industriales y de trabajo, de servicios, comerciales, centros educativos, de ocio. Esa oferta consigue disminuir las aglomeraciones del vehículo privado, tanto en los accesos como en el interior de las ciudades. Sin embargo, las limitaciones de movilidad generadas por la pandemia que se iniciaron en 2020 han provocado un descenso en su uso. Actualmente, la demanda se sitúa en un 60% de la habitual en un día equivalente antes de la crisis sanitaria (con datos de las concesiones de transporte de competencia estatal). El Ministerio de Movilidad ha lanzado una campaña para tratar de estimular la demanda y recuperar la confianza en el transporte público.
Detrás de esta tendencia hay miedo, y no del todo fundado. En un estudio elaborado por ATUC (Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos) y la consultora Kantar basado en una encuesta telefónica a 1.800 personas, la mayoría (56%) declaraba el temor al contagio como causa principal de no usar el transporte colectivo, seguida de la comodidad. La aversión a compartir espacio con otras personas, la dificultad para mantener la distancia de seguridad y la higiene les seguían como factores importantes para evitar su uso. Pero ese temor ha generado males paralelos: contaminación, tráfico, pérdida de tiempo o gastos elevados acompañan a la preferencia por el transporte privado.
Hace ahora un año, expertos como David Lois, profesor de Psicología Social en la UNED e investigador sobre transporte en la Politécnica de Madrid, ya explicaban en este diario que tras estallar la pandemia se demonizó el transporte público, y los ciudadanos continuaron pensando en él como un escenario de alto contagio. Sin embargo, muchos estudios científicos demostraron que gracias a las medidas, —mascarillas, desinfecciones, filtrado del aire— el medio de transporte no representa un riesgo en sí mismo.
Pese a que los trenes, metros y autobuses no son lugares de riesgo elevado, sobre todo comparados con otras actividades como comer en un espacio cerrado o el ocio nocturno, la baja demanda ha obligado a muchas administraciones a tomar la iniciativa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha lanzado este martes una campaña que traslada a la calle que el transporte público debería ser la columna vertebral de la nueva movilidad. Por varios motivos: además de los citados anteriormente, la amplia diversidad en la oferta, la comodidad, la seguridad o la opción de tener acceso a información de las líneas y frecuencias por medios digitales. La acción era una de las reivindicaciones más escuchadas en el sector, y también responde, según el departamento que dirige Raquel Sánchez, “a la necesidad de implementar la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada 2030″, cuya finalidad es fundamentar las políticas públicas de movilidad en las necesidades de la ciudadanía, cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Algunas ciudades han congelado las tarifas, otras han abierto debates ciudadanos para mejorar el acceso a la red de autobuses, y se han tomado medidas económicas. El Ministerio tomó medidas excepcionales para reequilibrar económicamente a las empresas concesionarias en la primera mitad del año y el pasado agosto facilitó un crédito extraordinario para que los Ayuntamientos, diputaciones y cabildos contasen con más recursos para financiar el déficit extraordinario de ingresos causado en estos medios de transporte por la Covid-19.
FUENTE: El Pais
