El Ministerio de Transición Ecológica espera que se movilicen un total de 16.300 millones de euros y que se creen 280.000 empleos gracias el PERTE, impulsado por los fondos europeos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el desarrollo del hidrógeno verde, las tecnologías vinculadas a las energías renovables y el almacenamiento. Serán, en total, 16.300 millones de euros los que se movilizarán para “construir una transición energética diseñada y hecha en España”: 6.900 millones de dinero público aportado por el Gobierno central —gracias al impulso de los fondos europeos— y, en menor medida, por las comunidades autónomas; y 9.500 millones de inversión privada.
El objetivo de este plan es el desarrollo de “tecnología, conocimiento, capacidades industriales y modelos de negocio” vinculados al auge de la energía limpia, y el Ministerio para la Transición Ecológica espera que los proyectos vinculados a este PERTE —el tercero puesto en marcha por el Gobierno para ser desarrollado con fondos europeos— se traduzca en la creación de 280.000 empleos entre “directos, indirectos e inducidos”. El impacto sobre el PIB está cuantificado en más de 12.000 millones de euros.
España, subraya el documento presentado este martes, es una “potencia mundial” en renovables, y cuenta con el mayor recurso solar del Viejo Continente y uno de los mejores recursos eólicos. Esa posición envidiable a escala continental le sitúa, a su vez, en una situación “privilegiada” para avanzar en tecnologías “en fase de desarrollo”, como el hidrógeno renovable o el almacenamiento o las tecnologías marinas flotantes. El PERTE tiene exactamente ese objetivo: desarrollar esas tecnologías incipientes para avanzar más rápido en la descarbonización e impulsar el empleo y el PIB.
El hidrógeno es la “prioridad” del plan —tanto es así que el Ejecutivo habla de “proyecto país” para referirse a él— y absorberá por sí solo 1.555 millones de dinero público, a los que el ministerio espera sumar otros 2.800 millones de capital privado. Se subvencionarán las aplicaciones de este gas en el transporte pesado —de embarcaciones a ferrocarriles, camiones y autobuses—, así como proyectos de electrolizadores de gran escala, relacionados con usos industriales locales y aplicaciones comerciales. También se impulsarán los clústeres de hidrógeno renovable, ligados a los actuales puntos de consumo de hidrógeno de origen fósil, para sustituirlo por aquel generado a partir de energía libre de emisiones.
“Necesitamos reducir nuestra dependencia del exterior en combustibles sin incrementar la dependencia tecnológica, sino consolidar nuestras propias capacidades. A eso se enfoca este PERTE”, ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Queremos consolidar e incrementar nuestra posición como referente tecnológico en la producción y el aprovechamiento de hidrógeno”, ha agregado. El objetivo del Ejecutivo, dice, es que España aporte al menos el 10% del hidrógeno renovable que tiene la Comisión Europea en su hoja de ruta para 2030.
“Es una gran oportunidad para España: tenemos enormes capacidades industriales y de conocimiento, y también un enorme interés inversor en renovables, que no ha dejado de crecer”, ha remarcado Ribera. La inversión en renovables en España en 2021, ha enfatizado Ribera, apuntan a un nuevo récord de inversiones procedentes del exterior. Ahora, la meta gubernamental es convertir a España en un “hub internacional de la tecnología asociada al hidrógeno renovable”.
La pata de renovables del PERTE estará financiada con 765 millones de dinero público que —esperan— acabará canalizando otros 1.600 millones privados y pondrá “especial atención” sobre las energías marinas, un ámbito en el que se acaba de presentar un plan que promete situar a España a la vanguardia del Viejo Continente. El apoyo, subraya Transición Ecológica, recalará en “proyectos singulares y de innovación”, así como en la sustitución de aerogeneradores antiguos por otros más modernos y al desarrollo del biogás generado por actividades agropecuarias o residuos.
En el ámbito de infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y almacenamiento, se destinan 620 millones de euros públicos que el Ejecutivo confía que arrastren otros 990 millones privados. Los fondos irán, sobre todo, a subvencionar “iniciativas de I+D de almacenamiento de tecnologías inmaduras”, así como al despliegue de baterías en instalaciones renovables para asegurarse de que no se desaprovechan los excedentes generados en las horas pico de producción.
A diferencia del PERTE lanzado para el desarrollo del coche eléctrico, en el que el Ejecutivo ya acudía de la mano de algunos grandes nombres del sector, el Gobierno tiene previsto convocar cuatro convocatorias de concurrencia competitiva para seleccionar los proyectos y las empresas beneficiarias. Dos serán sobre hidrógeno verde, con un valor conjunto de 400 millones de euros; una sobre almacenamiento energético, de 50 millones; y una última sobre comunidades energéticas, de 40 millones de euros. Todas ellas se celebrarán el año que viene. Aunque ya hay algunos programas en marcha —una pequeña fracción del total—, el grueso del dinero estará disponible en 2022 y 2022, pero el plazo de ejecución de los proyectos beneficiarios se extenderá hasta 2026.
FUENTE: El Pais
